Nuevamente la “autonomía universitaria” ha sido utilizada como argumento para proponer modificaciones a la Ley 30220. 

Como salta a la vista en la propuesta del APRA, las modificaciones significarían un retroceso irresponsable, costoso y en todo término ineficiente con respecto a lo que viene en marcha desde la instalación de la SUNEDU, pues explícitamente propone dejar sin efecto todo lo trabajado por esta superintendencia hasta la fecha. No obstante, si acaso el espíritu detrás de estos cambios fuese la justicia, esto no debería detenernos. Veamos.

En la Universidad Nacional de Córdoba, en 1918, se hizo un llamado público que empieza bellamente: “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica”

Y continúa:

Las Universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es peor, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las Universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático.

Tres reclamos fueron fundamentales en las protestas de 1918: la gratuidad, la democracia y la autonomía universitaria frente al Estado, la iglesia católica (a través de la Compañía de Jesús) y una casta de docentes anquilosados.

Al menos históricamente, el APRA no es indiferente a esta historia. Haya de la Torre (cuando todavía era anti-imperialista) lideró el movimiento estudiantil en el Perú en 1919, bajo la estela de la Reforma de Córdoba.

Ahora bien, hoy, ¿ante quién(es) cabe reclamar autonomía?

En el Perú de este milenio, la amenaza no es la intervención del Estado, sino la administración envilecida del régimen privado, el lucro, la paupérrima calidad de nuestras universidades y la censura contra los estudiantes. Al mismo tiempo, el gobierno de las universidades por ellas mismas nos debe conducir a preguntarnos ¿quiénes forman la universidad? ¿Quiénes son los que deben decidir su nómos? No podemos dar aquí una respuesta detallada al respecto. Pero sí podemos decir quiénes NO SON la universidad y por tanto no pueden apropiarse de su gobierno: un "dueño", el gobierno nacional de turno, un partido político ni alguna de las iglesias. 

Las universidades pierden su sentido como tales y subordinan sus fines a otros si su autonomía se traduce en gobierno autoritario destinado al lucro, a la difusión de un pensamiento estrecho o a la acumulación de poder. Es, en cambio, necesaria la autodirección por parte de quienes constituyen la vida universitaria: estudiantes, investigadores y trabajadores docentes y no-docentes. La Ley 30220 avanza en buena dirección hacia la supervisión de una autonomía universitaria en democracia (al interior de las universidades) y con el beneficio del estudiante como objetivo (Arts. 56, 66, 71). La independencia que queda por ganar no estriba en restringir a la SUNEDU, sino en extender el gobierno democrático a las universidades privadas, prohibir el lucro en la educación, y hacer contrapeso suficiente a las corporaciones educativas (religiosas o civiles). Como la experiencia nos ha enseñado, esto no se puede dejar a la voluntad de una asamblea de rectores o al arbitrio (que prolonga injusticias) del “libre” mercado, sólo el Estado tiene la capacidad para enfrentar a los monstruos de esa naturaleza. 

Preguntémonos hoy, ya que del APRA se trata: ¿hay democracia en la elección de autoridades al interior de la Universidad de San Martín de Porres? ¿La hubo en la UNFV antes de la nueva Ley? Y ampliemos: ¿qué ha traído el lucro a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, además de los sueldos inmensos del rector y allegados? ¿En qué rubro destaca la Universidad San Juan Bautista donde es accionista mayoritario el congresista fujimorista José Elías? 

Si a pesar de ello se sigue temiendo más al Estado que al muladar que nos dejaron como mercado las ultra liberalizaciones del gobierno de Fujimori, disuadámonos al pensar en aquello que está bajo una lógica fuerte de “auto-regulación” en el Perú: la TV basura y las combis. Y si las farmacias coludidas que traficaron con la vida de peruanas y peruanos con una concertación vulgar de precios tienen que pagar ahora 9 millones de soles y sentirse bien advertidas contra futuras fechorías fue gracias a la regulación del Estado.

Al partido de Haya de la Torre hay que recordarle el espíritu detrás de la autonomía. La amenaza hoy no es una Superintendencia que vela por la administración sin estafadores en nuestras universidades. Es un esfuerzo por empezar a cumplir con la meta del Manifiesto del ’18:

No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de los intereses egoístas. (…) La juventud ya no pide. Exige que se reconozca el derecho de exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.