La breve entrevista de la periodista Patricia del Río al estudiante Jorge Huamán –representante de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM)– ejemplifica muy bien la postura de la gran prensa en el Perú con respecto a la lucha estudiantil, el derecho a la protesta y el bienestar de los ciudadanos más pobres de nuestro país. A pesar de su apariencia imparcial, las afirmaciones de Del Río (“asumamos que son estudiantes”, “no hagan laberinto”, entre otras), no se distancian tanto del calumniante “aprendices de terroristas” de la ex-presidiaria Magaly Medina.  

El lado frívolo e ignorante de las declaraciones de Patricia del Río ha sido puesto en evidencia por las experiencias de la lingüista Verónica Ferrari  y el periodista Marco Avilés, además de sendas publicaciones más o menos privadas en Facebook que demuestran el desconocimiento vergonzoso de la realidad de los estudiantes a los que Del Río sugirió “poner el hombro y no hacer laberinto”. No obstante, hace falta destacar también la falacia detrás del supuesto objetivismo con el que esta periodista disfrazó su indiferencia, así como explicar en detalle la grave acusación de asociación criminal contra el Consejo Universitario de la UNMSM.

Sin la toma nadie se hubiera dado por aludido

La toma del 29 de marzo no fue una medida arbitraria decidida de la noche a la mañana: los reclamos oficiales de la Federación tenían casi un mes de públicos, sin medio que haga mayor eco del justificado malestar estudiantil. Una navegación rápida por el perfil en Facebook de la FUSM basta para entrever el desarrollo de esta historia con final de represión policial.

El núcleo de la protesta estudiantil no es nada baladí. En el pronunciamiento del 4 de marzo, un día después de la sesión del Consejo Universitario, la Federación acusa la compra de influencias en el Consejo por parte del rector Orestes Cachay:

"Denunciamos la vergonzosa compra de favores a los estudiantes miembros de la Asamblea Universitaria - Tercio Minoría SUMATE que han sido beneficiados arbitrariamente con una pasantía a la Universidad de Harvard."

La celebradísima pasantía de los sanmarquinos en Harvard llegó a ser noticia en el diario Gestión el 25 de marzo (después de la denuncia ignorada de la FUSM), sin que nadie se detuviera a calcular cómo de los dos primeros puestos de las 65 carreras profesionales (a quienes la beca iba dirigida) debería salir un número de 130 estudiantes, y no de 142, como señalaba la comunicación oficial de la UNMSM.

Si bien esto ya constituye un uso ilegítimo de los recursos que todos los peruanos destinamos para la prosperidad de nuestras universidades, así como un caso de corrupción digno del tiempo del rector anterior, el pronunciamiento de la FUSM aseveraba además que la traición de aquel tercio estudiantil a su función representativa había derivado en la aprobación de “Aportes ‘Voluntarios’ Estudiantiles” en el Reglamento de Matrícula, que condicionaría la inscripción de los y las estudiantes al pago por diversos “gastos operacionales”. Es decir, la gratuidad de San Marcos, uno de los pocos motivos de orgullo que tenemos en el Perú por el sistema universitario actual, quedaba suspendida reglamentariamente.

El peso de esta acusación es tremendo, y por ello el pronunciamiento del 4 de marzo tiene razón al afirmar que se ha marcado

“un hito nefasto para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se han socavado los principios de democratización de la educación pública. Como también se marca el inicio reaccionario de parte del rectorado por negar los derechos académicos (derecho a la tacha, libertad de cátedra, libre asistencia), políticos (negación del rol fiscalizador del gremio e instrumentalizando el cogobierno democrático), pervirtiendo con ello, la figura de la autonomía universitaria.”

La denuncia siguió rápidamente el rumbo orgánico de la organización democrática y autónoma estudiantil, con una convocatoria abierta y pública a una Asamblea Triestamental (docentes, estudiantes y trabajadores) –figura usada anteriormente para sacar al ilegítimo rector Cotillo– que se llevó a cabo el 13 de marzo. Tras esta Asamblea se convocó a una jornada de prensa, luego a una movilización (18 y 19 de marzo), y se preparó la defensa de los derechos estudiantiles ante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario que se realizaría el 29 de marzo (con contenidos clave como el costo de los carnés universitarios, la administración de la Clínica y el Estadio, y los criterios de selección usados para las pasantías en Harvard).

La indiferencia es de Del Río, no de los sanmarquinos

No obstante la evolución progresiva del problema sanmarquino, la toma sorprendió a los periodistas que atendían prioritariamente la emergencia nacional por el Fenómeno del Niño… y los partidos de fútbol de las Eliminatorias. Como si se tratase de una medida irracional, egoísta e injustificada, juzgaron peyorativamente a las y los estudiantes en toma. El caso más sonado fue cuando Aldo Mariátegui y Patricia del Río hicieron #UnaSolaFuerza para humillar al representante estudiantil Jorge Huamán.

El falso dilema de Patricia del Río postulaba que los estudiantes, al tomar la universidad en esa fecha, estaban ignorando los desastres naturales que cobraban víctimas al norte del país en estos mismos días (como si entre los estudiantes no se encontrasen víctimas, en este caso, doblemente afectadas). De esta manera los estudiantes distraían la atención pública cuando deberían, más bien, “hacer labor social”.

El asunto del timing detrás de esta acusación parece tan ignorante que sólo podría deberse a una indiferencia patológica. Los estudiantes protestan en estas fechas debido al inicio inminente de clases, la aprobación reciente del Reglamento de Matrícula (las fechas de las sesiones extraordinarias del Consejo Universitario fueron decididas, en todo caso, por el Rector y no por la Federación) y los cobros por gastos administrativos (como el del carné universitario) que se harán a inicios del año académico. Lamentablemente, los tiempos coinciden; felizmente, el gobierno de la UNMSM (Consejo Univ.) y su supervisión (Sunedu) no dependen de los COER ni del Consejo de Ministros, como parece sugerir el falso dilema.

Asimismo, la afirmación falaz y malintencionada de la periodista Del Río es completamente desinformada: la FUSM tuvo durante todo marzo una participación activa (de organización y de difusión) a favor de la población afectada por las inundaciones, siendo la más importante la promoción de la postergación del examen de admisión para no poner en riesgo a los postulantes de provincia. Además de ello, organizaron una donación masiva de víveres, e impulsaron una brigada de voluntarios. 

De todo ello cabe decir que los periodistas actuaron negligentemente ante la denuncia gravísima de la Federación (nadie pareció tomarle atención al núcleo del problema); confirmando además la eficacia de la toma, pues fue solamente debido a ésta que el problema con el Consejo Universitario presidido por el rector Orestes Cachay ha sido replicado fragmentariamente en medios y la Sunedu ha decidido (tardíamente) ocuparse del asunto.

La celebración ciega de la represión policial desmesurada, además de insensible y autodestructiva, no ve que ésta no implica nada en contra de la legitimidad de los reclamos estudiantiles. Al contrario, el ingreso de la Policía Nacional al campus, tras petición del Rector (apoyado en el Art. 10.3 de la Ley Universitaria) evidencia que éste es incapaz de atender por otras vías a los reclamos justos de las y los estudiantes.

Aunque nunca fui sanmarquino, reconozco que la lucha actual de sus estudiantes no es sólo por la Decana de América. Sus reclamos surgen de la solidaridad con los excluidos en el país, y sus logros tendrán un impacto en el futuro del mismo. Por lo mismo, contra Del Río, los peruanos y peruanas conscientes del problema universitario en el país estamos agradecidos con aquellxs estudiantes.

Finalmente, no puedo evitar mencionar una feliz coincidencia entre la fecha de la toma de San Marcos y la de la conmemoración en Chile de lo que se conoce como “el día del joven combatiente”. El 29 de marzo, en el país vecino, las y los estudiantes se movilizan para recordar el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, a manos de carabineros durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1985. No es difícil concluir a qué facción histórica se pliegan aquellos periodistas peruanos (Medina, Mariátegui, Garrido-Lecca) que aprueban la represión violenta de los estudiantes movilizados y los acusan, entre otras cosas, de “terroristas”.