Tras una ardua reflexión cuyo poco alcance ya no sorprende, la Comisión de Educación del Congreso de la República, encabezada por el notable educador Lucio Ávila, ha concluido que los docentes universitarios mayores de 70 años poseen una experiencia valiosa para los estudiantes, y que por tanto se debe modificar el artículo 84 de la Ley Universitaria (dándole cabida, de yapa y de taquito, al proyecto de Ley para modificar la reforma universitaria que hace tiempo quiere contrabandear el APRA a través de Velásquez Quesquén). 

¡Por supuesto que los docentes universitarios tienen mucho para dar a sus 70 años! Un profesor mayor, que a lo largo de su carrera hizo bien su trabajo (investigó comprometidamente, se mantuvo al tanto de las actualizaciones en su campo, asesoró bien a sus tesistas y preparó cada una de sus clases como si fuera la primera) es valorado por los universitarios con el mismo amor con el que apreciamos las almuerzos gratis, los bares generosos y los cines clandestinos.  

Por un lado, estos docentes suelen ser los más incisivos al comentar proyectos de investigación y al responder nuestras dudas en clase. Al mismo tiempo son los que alcanzan una profundidad sublime en sus reflexiones (al menos en el área de Humanidades), resultado exclusivo de una vida entera de trabajo. De igual manera, son los menos distraídos con las contingencias de la política universitaria, así como los que constituyen casi siempre un ejemplo andante de vida, un role model suficientemente cercano como para compartir un café en el patio de la universidad. En el mismo sentido en que las facultades no deben ser meros centros de transmisión de capacidades técnicas, el docente universitario no tiene el único rol de ser un manual de información (claro, actualizado, breve y, de preferencia, con figuritas) sino de acompañar personalmente al alumno en su formación. Hacia esa meta, los docentes mayores tienen ventaja, y es por eso (considerando que los 1000 cesados a la fecha no pueden ser todos Zygmunt Bauman o Umberto Eco) que la Ley Universitaria contempla la figura del docente extraordinario.

Pero, aunque el Congreso así lo quiera, con ello no se agota la discusión al respecto. Añadamos una nueva pregunta: ¿por qué los docentes no quieren ser cesados si la edad de jubilación de los trabajadores en el Perú es de 65 años? Es allí donde el verdadero problema salta a la vista: la combinación del incumplimiento histórico del Estado hacia los derechos de los profesores (anterior a esta Ley), la precarización del trabajo docente promovida por el decreto legislativo de Fujimori, y el Sistema Nacional de Pensiones (dejemos de lado el Sistema Privado de las AFP, no por menos malo, sino porque sólo existe desde el ’92). En otras palabras, ¿quién quiere jubilarse con una pensión no menor a S/.410 pero no mayor a S/. 860?

Es poco probable que el profesor universitario que ahora rodea los 70 años haya sido capaz de ahorrar dinero para su vejez, al margen del SNP. A pesar de que la Ley de Belaúnde (1983) ya proponía la homologación de sueldos entre magistrados del Poder Judicial y docentes universitarios (Art. 53), el Ministerio de Economía y Finanzas decidió “puentear” la ley, al punto que a la homologación se le empezó a llamar “proceso de homologación” (algún día llegaremos…) y en el 2009 el Tribunal Constitucional tuvo que sentenciar a favor de los docentes y contra el ejecutivo dirigido por Alan García. Recién el año pasado se alcanzó (parcialmente) la ansiada homologación para docentes auxiliares y asociados. Así las cosas, ¿quién puede darse el lujo de jubilarse?

Ahora bien, el problema se extiende con la “solución” que viene masticando el Congreso, al buscar sacar un clavo con otro, afectando nuevamente a los docentes universitarios (esta vez a los más jóvenes). Si bien estamos seguros que la nueva Ley Universitaria es beneficiosa para estudiantes, profesores y el país en general, ésta incrementa los costos de personal de las universidades. Los requisitos para la contratación son más rigurosos (y transparentes), lo que supone nuevas contrataciones, pero la carrera docente será más estable y priorizará a los profesores a tiempo completo. Cabe esperar, entonces, que las plazas docentes vacantes, tras un primer momento de adecuación a la Ley, se vayan reduciendo y crezcan a un ritmo mucho más lento que el actual (donde el dinamismo encubre una inestabilidad dramática). En definitiva, si prolongamos aún más la edad de jubilación docente, los académicos más jóvenes no tendremos cabida en el futuro próximo. Y empezando nuestra carrera más tarde, entre otros problemas, recibiremos una pensión menor cuando lleguemos a los 65 o 70 años (esta vez, supongo, gracias al SPP, donde el tiempo/monto de aportaciones sí afecta directamente al monto de las pensiones de jubilación).

Una de mis mejores experiencias en pregrado se las debo a un profesor cuya edad no conozco, pero basta decir que dictaba un seminario para cinco personas con micrófono y amplificador. A pesar de su edad, seguía siendo el único capaz de explicar la Fenomenología del espíritu con paciencia y exactitud técnica en esa universidad. Como uno de los pocos especialistas en Marx que anteponía una lectura profunda y detallada de Hegel, dedicado con cariño y seriedad a sus tesistas y a la preparación de sus clases, nos abría la puerta de su casa recurrentemente para grupos de lectura sobre Kant, Hegel, Marx y Merleau-Ponty. Aunque los alumnos íbamos en búsqueda de su ayuda constantemente, no ignorábamos que las numerosas tesis, las dos cátedras y el cargo administrativo de los que era responsable suplían una deficiencia de la Escuela Profesional en la contratación de especialistas a tiempo completo.

Si algún día llego a los 70 años dedicándome todavía a la academia, me gustaría que fuera como él en muchos aspectos: abierto a seguir aprendiendo y al servicio de los estudiantes. Sin embargo, aunque no era el caso de este profesor, no quisiera que aquella dedicación científica apasionada se deba a la necesidad de recursos para mantenerme con vida por la ineficiencia de un sistema de pensiones de miseria. La solución correcta al problema de la jubilación de los docentes consiste, más bien, en cumplir con la homologación de salarios con los magistrados judiciales (completa y sin trampas) y en reformar los sistemas de pensiones, tal como el presidente Kuczynski ofreció al llegar al poder. Tal vez aquí, por primera vez, los docentes puedan ser punta de lanza y no coleros, de una reforma que haga justicia al trabajo de una vida.